Escrito por Transiciones Democráticas Comparadas
Toda transición desde un régimen de
partido único debe resolver qué hacer con ese partido, si disolverlo,
prohibirlo o dejar que compita como uno más. Este informe compara cuatro
respuestas: Hungría, donde el partido comunista se disolvió y refundó como
socialdemócrata, perdió las primeras elecciones libres y volvió al poder cuatro
años después; Chequia, donde el partido sobrevivió sin reformarse y quedó como
fuerza de protesta; España, donde el Movimiento Nacional fue suprimido por
decreto y sus élites se dispersaron en nuevos partidos; y Rusia, donde el
partido fue prohibido por decreto, su sucesor renació en 1993 y la
pluralización terminó en un nuevo autoritarismo.
El hallazgo central es que la suerte
de la democracia no depende tanto del destino del partido como de dos
operaciones previas, que son separar al partido del Estado, y repartir de
forma equitativa los recursos que acumuló como partido único. Prohibirlo no
garantiza la democracia, y permitir que compita no la amenaza si pierde sus
privilegios institucionales.
Para Cuba, el informe subraya que el
Partido Comunista está blindado por la Constitución como «fuerza política
dirigente superior de la sociedad y del Estado» y controla, a través de las
organizaciones de masas, la selección de candidatos. Desmontar el partido único
exige, previamente, desmontar ese andamiaje legal.
1. El problema
En un régimen de partido único, el
partido no es solo una organización política, sino que funciona
como columna vertebral del Estado. Selecciona a los cuadros, controla las
organizaciones sociales, posee un patrimonio y una red territorial que ningún
otro actor puede igualar. Por eso, su destino plantea a cualquier transición
tres preguntas fundamentales.
La primera es jurídica: ¿se
disuelve, se prohíbe o se deja competir? La segunda es de equidad: ¿qué ocurre
con los recursos, las sedes, los fondos y las redes que el partido acumuló
gracias al monopolio del poder? La tercera es política: ¿puede un partido así
reconvertirse en un actor democrático, o su supervivencia pone en riesgo la
nueva democracia?
La experiencia comparada apunta a
que los partidos que emergen de regímenes autoritarios no suelen
desaparecer. Según Loxton y Mainwaring (2018), han tenido un papel
destacado en tres cuartas partes de las democracias de la tercera ola, y han vuelto
al poder por vía electoral en más de la mitad. La cuestión no es si
sobrevivirán, sino en qué condiciones.
2. Qué ocurre con el partido
único
Loxton y Mainwaring (2018) definen
como «partidos sucesores autoritarios» a aquellos que emergen de un régimen
autoritario, pero operan tras la transición a la democracia. Su éxito frecuente
se explica, en buena parte, por la herencia autoritaria, ya que pueden
heredar una marca partidaria, una organización territorial, redes clientelares
y fuentes de financiación. Esa herencia es una ventaja competitiva frente a los
partidos nuevos, que parten de cero.
Por su parte, Grzymała-Busse (2002)
estudió por qué algunos partidos comunistas de Europa Central se regeneraron
como partidos democráticos competitivos y otros no. Su respuesta se centra en
la historia de cada partido durante el régimen. Donde el partido había
reclutado cuadros por méritos y negociado con actores no comunistas, sus élites
salieron con «habilidades transferibles» y un «pasado utilizable», lo que les
permitió centralizar la organización, romper con el pasado y ofrecer programas
atractivos. Al contrario, donde el partido había sido rígido y represivo, como
en Chequia, el sucesor quedó anclado en la ortodoxia.
La apertura a la competencia no
garantiza por sí sola la democracia. Levitsky y Way (2010) estudiaron treinta y
cinco regímenes que, tras la Guerra Fría, celebraban elecciones
multipartidistas, pero con abusos graves del poder, y los llamaron «autoritarismos
competitivos». Su conclusión es que, donde los vínculos con Occidente eran
débiles, el resultado dependió de la fuerza de las organizaciones estatales y
del partido gobernante. Rusia, uno de esos casos, retrocedió hacia un
autoritarismo pleno.
De este repaso se desprende
que lo decisivo no es solo qué se hace con el partido, sino si se le
despoja de los privilegios que le otorgaba el monopolio del poder y si la
competencia que le sucede es equitativa.
3. Casos comparados
Hungría (1989-1994): la reconversión
que volvió al poder
El partido comunista húngaro se
desmontó a sí mismo. En su último congreso, el 7 de octubre de 1989, el Partido
Socialista Obrero Húngaro (MSZMP) se disolvió y se refundó como Partido
Socialista Húngaro (MSZP), presentado como formación socialdemócrata de tipo
europeo. Una minoría que rechazaba la transformación fundó, en diciembre de ese
año, un partido comunista aparte, que nunca obtuvo representación
parlamentaria.
La separación entre partido y Estado
no la decidió solo el partido. En el referéndum del 26 de noviembre de 1989,
impulsado por partidos de la oposición, alrededor del 95 % de los votantes
aprobó prohibir las organizaciones del partido en los centros de trabajo,
obligarlo a rendir cuentas de su patrimonio y disolver la Guardia Obrera, su
milicia.
En las primeras elecciones libres,
en 1990, el MSZP quedó cuarto, con el 10,9 % del voto de lista y 33 escaños.
Cuatro años después, en 1994, ganó por mayoría absoluta, con 209 de 386
escaños, y su líder, Gyula Horn, último ministro de Exteriores del régimen
comunista, se convirtió en primer ministro. Para Grzymała-Busse (2002), el
húngaro es uno de los casos más claros de regeneración de un antiguo partido
comunista.
Chequia (1989-2021): el partido que
no se reformó
En Checoslovaquia, la ruptura fue
rápida. El 29 de noviembre de 1989, en plena Revolución de Terciopelo, la
Asamblea Federal suprimió de la Constitución el «papel dirigente» del partido
comunista. A diferencia de Hungría, el partido no se disolvió, sino que compitió
en las elecciones de junio de 1990, en las que obtuvo en torno al 13 % y quedó
segundo tras el Foro Cívico.
El Estado actuó sobre el patrimonio
y el pasado más que sobre la organización. En 1990 se aprobaron leyes que
nacionalizaron el patrimonio del partido. En octubre de 1991, la llamada «ley
de lustración» excluyó durante cinco años de diversos cargos públicos a quienes
hubieran colaborado con la policía política o desempeñado altos cargos en el
partido. En 1993, el Parlamento checo declaró «ilegítimo y criminal» al régimen
comunista de 1948 a 1989.
El sucesor checo, el Partido
Comunista de Bohemia y Moravia (KSČM), mantuvo el nombre y una identidad
ortodoxa. Grzymała-Busse (2002) lo trata como un caso de «estancamiento». Aun
así, permaneció en el Parlamento durante tres décadas, excluido de las coaliciones
de gobierno, aunque entre 2018 y 2021 apoyó desde fuera al Gobierno de Andrej
Babiš, hasta que en 2021 obtuvo el 3,6 % de los votos y quedó fuera de la
Cámara por primera vez.
España (1976-1977): la supresión del
partido del régimen
El franquismo no era un régimen
comunista, pero tenía un partido oficial, llamado Movimiento Nacional. Su
suerte se resolvió por decreto. El Real Decreto-ley 23/1977, de 1ro. de abril,
reestructuró los órganos del Consejo Nacional y estableció un nuevo régimen
jurídico para los funcionarios y el patrimonio del Movimiento, que quedó
desmantelado como estructura de poder.
No surgió un partido sucesor único,
sino que las élites del régimen se dispersaron. Adolfo Suárez, quien había sido
ministro secretario general del Movimiento, encabezó la Unión de Centro
Democrático, que ganó las elecciones de 1977. Otro sector, liderado por Manuel
Fraga y un grupo de exministros de Franco, fundó, en 1976, Alianza Popular,
antecedente del actual Partido Popular. La herencia del régimen se repartió así
entre varias formaciones que aceptaron las reglas democráticas.
Rusia (1991-1993): prohibición que
no impidió el retorno
Rusia muestra los límites de la
prohibición. Tras el fallido golpe de agosto de 1991, Borís Yeltsin suspendió
la actividad del partido comunista y, el 6 de noviembre, decretó su prohibición
en el territorio de Rusia y el traspaso de sus bienes al Estado. En el decreto
acusaba al partido de haber funcionado como un mecanismo de poder fusionado con
el Estado.
La prohibición fue impugnada. El 30
de noviembre de 1992, el Tribunal Constitucional mantuvo la disolución de los
órganos dirigentes del partido, pero consideró inconstitucional prohibir sus
organizaciones de base. En febrero de 1993 se fundó el Partido Comunista de la
Federación Rusa (KPRF), cuyo líder, Guennadi Ziugánov, obtuvo el 40 % de los
votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 1996.
La pluralización rusa no desembocó
en una democracia consolidada. Levitsky y Way (2010) incluyen a Rusia entre los
autoritarismos competitivos de la posguerra fría y la señalan como el único de
esos regímenes que retrocedió hacia un autoritarismo pleno. La prohibición del
viejo partido no impidió la construcción de un nuevo poder hegemónico.
4. Dimensiones de análisis
Los cuatro casos muestran que el
destino del partido único se decide en varios planos a la vez.
Tres regularidades se desprenden de
la comparación.
1.
El
destino del partido no determina el del régimen. Hungría permitió que el
partido se reconvirtiera, Chequia que sobreviviera sin reformarse, España lo
suprimió y Rusia lo prohibió. Los tres primeros casos terminaron en democracia;
el único que lo prohibió, no. La prohibición no fue,
por sí sola, una garantía.
2. Lo decisivo es la separación entre
partido y Estado. En los tres casos exitosos, la transición privó al partido de
los instrumentos que lo fusionaban con el Estado: su presencia en los centros
de trabajo, su milicia, su papel constitucional, su estructura administrativa.
Una vez desprovisto de esos privilegios, el partido sucesor pasó a competir
como uno más, con suerte desigual.
3. El patrimonio es tan importante como
la organización. Los cuatro casos tuvieron que decidir qué hacer con los bienes
del partido. La herencia material, junto con la marca y las redes, es lo que
Loxton y Mainwaring (2018) identifican como fuente de ventaja para los partidos
sucesores. Si no se reparte de forma equitativa, la competencia que nace de la
transición no es libre.
5. Hallazgo central
Desmontar un partido único no
consiste en hacerlo desaparecer, sino en hacerlo competir en igualdad de
condiciones. Eso requiere tres operaciones: separar al partido del Estado,
eliminando su reconocimiento constitucional y su presencia en la administración,
las empresas y las fuerzas armadas; despojarlo de los recursos acumulados
gracias al monopolio; y garantizar que el nuevo sistema de partidos se
construya sobre reglas equitativas.
La segunda conclusión es que la
prohibición es un instrumento de eficacia dudosa. Puede ser simbólicamente
poderosa, pero no impide que el partido renazca con otro nombre, ni evita que
un nuevo poder hegemónico ocupe el lugar del anterior. Lo que protege a la
democracia no es la ausencia del viejo partido, sino la presencia de reglas que
impidan a cualquier partido, viejo o nuevo, volver a fusionarse con el Estado.
6. Transferibilidad al caso
cubano
El Partido Comunista de Cuba (PCC)
no es solo el partido gobernante, sino que es el único legal y está
blindado por la Constitución. El artículo 5 de la Constitución de 2019 lo
define como «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», y
los artículos 4 y 229 declaran irrevocable al sistema socialista y excluyen esa
cláusula de cualquier reforma. Chaguaceda y Gratius (2026) subrayan que ninguna
de las transformaciones internas del régimen cubano ha abierto espacios
políticos autónomos fuera del control del partido.
Dicho control no se limita a la
Constitución. Según la legislación electoral, los candidatos a la Asamblea
Nacional se seleccionan a través de Comisiones de candidaturas integradas por
las organizaciones de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba, los
Comités de Defensa de la Revolución o la Federación de Mujeres Cubanas, y la
lista final incluye tantos candidatos como escaños. El elector no elige entre
opciones, solo ratifica.
Lo que sí es aplicable
- Separar el partido del Estado es la primera tarea. El caso checo
muestra la fuerza de un acto inaugural como suprimir el papel
dirigente de la Constitución. En Cuba, eso implicaría reformar los
artículos 4, 5 y 229, y desmontar el sistema de comisiones de
candidaturas.
- El patrimonio del partido debe abordarse desde el principio. Los
cuatro casos analizados tuvieron que decidir sobre los bienes del partido.
Una transición cubana necesitará una auditoría pública de lo que el PCC y
sus organizaciones afines poseen y gestionan.
- La prohibición no es la solución. Rusia muestra que prohibir el
partido no impide su retorno ni la aparición de un nuevo poder hegemónico.
Lo que funcionó en los demás casos fue obligar al partido a competir sin
privilegios.
- Las organizaciones de masas son parte del problema. El referéndum
húngaro de 1989 sacó al partido de los centros de trabajo. En Cuba, la red
de organizaciones de masas cumple una función análoga de penetración
social y debe ser desvinculada del Estado.
Los límites de la comparación
- No existe una oposición legal con la que repartir el espacio. En
Hungría, la presión de los partidos opositores forzó el referéndum de
1989. En Chequia, el Foro Cívico ganó las primeras elecciones. En Cuba,
todos los partidos son ilegales, y la pluralización tendría que partir
prácticamente de cero.
- El partido no tiene un pasado negociador. Según Grzymała-Busse (2002),
los partidos que se regeneraron habían desarrollado, durante el régimen,
prácticas de negociación con actores ajenos al partido. Nada indica que el
PCC fundado en 1965, haya acumulado esa experiencia, lo que lo acerca más
al modelo checo que al húngaro. Aunque pudiera aprender de las
experiencias del primer Partido Comunista de Cuba fundado en 1925 que,
tras su legalización en 1938, asumió las reglas del parlamentarismo
democrático (1940-1952) y logró tener escaños en el Senado y la Cámara de
Representantes, si bien nunca consiguió los votos necesarios para formar
gobierno propio.
- La fusión con el Estado es más profunda. En Cuba, el partido se
superpone no solo a la administración, sino también a unas fuerzas armadas
con un poder económico propio, como analiza el informe anterior de
esta serie. Separar al partido del Estado exige separarlo también de ese
entramado.
Implicaciones
La pregunta que deben hacerse los
actores democráticos cubanos no es si el PCC debe desaparecer, sino cómo
despojarlo de su condición de partido-Estado. La experiencia comparada indica
una secuencia que implicq eliminar su estatus constitucional,
sustituir el sistema de comisiones de candidaturas por la libre presentación de
candidaturas, auditar su patrimonio y desvincular de él las organizaciones de
masas. De cumplirse estas condiciones, un partido sucesor podrá competir como
uno más; si no, ningún cambio de nombre alterará la naturaleza del sistema.
Referencias
- Chaguaceda, A. y Gratius, S. (2026). Cuba's three
autocratic transitions: From revolutionary regime to (post)totalitarianism
and new authoritarianism? Bulletin of Latin American Research, 45(2),
e70070. https://doi.org/10.1111/blar.70070
- Grzymała-Busse, A. M. (2002).
Redeeming the communist past: The regeneration of communist parties in
East Central Europe. Cambridge University Press.
- Levitsky, S. y Way, L. A.
(2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War.
Cambridge University Press.
- Loxton, J. y Mainwaring, S.
(Eds.). (2018). Life after dictatorship: Authoritarian successor parties
worldwide. Cambridge University Press.
Tomado de CUBA X CUBA Descargar pdf
Lector, si dejas tu comentario, los algoritmos
posicionarán mejor las entradas de este blog. Si tienes
dudas pregunta y si tienes certezas compártelas.
