En días pasados se hizo pública una carta subscrita por siete intelectuales cubanos al presidente cubano Miguel Díaz Canel exigiendo la libertad del pastor Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito así como "la no criminalización del ejercicio periodístico y el activismo social fuera de la égida del Estado, así como las visiones diferentes a las del statu quo sobre el presente y futuro de Cuba"entre otras dem,andas. Entre los firmantes de la carta se encuentra el miembro de la AHCE Amir Valle radicado en Alemania.
Agosto-octubre de 2019, Autopista Nacional
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y Secretario del Partido Comunista, Raúl Castro:[1]
Cuba precisa el bien. Con hijos encarcelados y tanta voz segada no hay oportunidad de construir el país de todos.
El pastor Ramón Rigal y su esposa, Adya Expósito, fueron detenidos en abril de 2019 en la ciudad de Guantánamo por ejercer el derecho (consagrado en el Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) de dar a sus hijos una educación acorde a sus principios y valores. Ya en 2017 enfrentaron un juicio y fueron condenados a prisión domiciliaria por practicar la enseñanza en el hogar o "homeschooling".
Rigal y Expósito tomaron la decisión cuando su hija mayor, Ruth, volvió de la escuela con dolores en su cuerpo: había recibido una patada en el estómago, y había ocurrido por su fe cristiana. Ante el acoso o “bulling” escolar protegieron a la niña del modo que creyeron correcto, incluso a costa de sus propias libertades.
Por más de dos años la pareja lideró un grupo de nueve familias que sacaron a sus hijos de las escuelas estatales y se sumaron a un programa que incluía materias como matemáticas, gramática e historia, entre otras, mediante la metodología del colegio guatemalteco Hebrom, especializado en educación en el hogar. Tal movimiento espontáneo de la ciudadanía refleja inconformidades y un claro reclamo a diversificar la centralizada educación cubana.
Una vez cumplida la primera condena, Rigal dijo en un audiovisual de la Asociación de Defensa Legal de Home School (HSDLA, por sus siglas en inglés) que el Gobierno le impidió abandonar Cuba junto a su familia aun cuando los boletos aéreos estaban comprados.
El 19 de abril Ramón Rigal y Adya Expósito, fueron sometidos a un juicio que irrespetó el debido proceso. Ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para convocar a un abogado que condujera la defensa en un proceso judicial que arrojó dos años de privación de libertad para él y uno y medio para ella por "actos contra el normal desarrollo del niño, asociación ilícita y asociación para delinquir".
Tras una demorada e infructuosa apelación, Rigal fue sometido sin justificación a régimen de severidad en la cárcel guantanamera donde hoy purga su condena.
EXIGIMOS el fin de las agresiones contra la familia Rigal-Expósito, la libertad para escoger la educación que los padres cubanos deseen para sus hijos, así como la descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles. Reconocemos el rol del Estado en el monitoreo de instituciones docentes, pero no como dueño exclusivo de la educación.
Es un derecho de todas las personas y una responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, y no al revés. Los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos, asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y la realización de sus justas aspiraciones, educarlos y formarlos con valores morales, éticos y cívicos, más allá de una pretendida correspondencia con la sociedad socialista.
Si las autoridades no atienden el reclamo de siete intelectuales y artistas, al menos consideren las más de 30 mil firmas recabadas por una petición de HSDLA a través de la plataforma citizengo.org. El Estado debe proteger la familia, la maternidad, la paternidad y el matrimonio; separar a padres de sus hijos no es la mejor manera de cumplir ese deber.
Mientras el calvario de la familia guantanamera se desarrollaba, en julio de 2019 a varios presidentes de denominaciones protestantes cubanas se les prohibía salir del país para asistir a un evento sobre libertad religiosa en Washington. Eran “regulados”, una práctica que limita la libertad de movimiento aplicada, también y por décadas, a activistas, intelectuales, periodistas y una larga lista de actores de la sociedad civil que el Partido Comunista identifica como enemigos sistémicos.
EXIGIMOS el levantamiento de esa medida, violatoria de las libertades individuales, a todos los ciudadanos cubanos a quienes se les aplique por razones políticas. La lista del Instituto Patmos supera ya los 200 “regulados”.
De igual manera DEMANDAMOS la no criminalización del ejercicio periodístico y el activismo social fuera de la égida del Estado, así como las visiones diferentes a las del statu quo sobre el presente y futuro de Cuba. Actitudes como esta llevaron una semana a la cárcel, en julio pasado, al reportero y militante por los derechos religiosos Ricardo Fernández Izaguirre. Esa historia se ha repetido contra varios comunicadores.
El Estado, en la práctica y no solo en la letra, debe respetar, garantizar y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y reconocer a los ciudadanos, instituciones no estatales y asociaciones la libertad de prensa.
Cuba precisa el bien, y para eso la libertad de tanta gente y de ella misma.
Creemos y firmamos:
Amir Valle
Alberto Garrido
Yaiset Rodríguez
Yoe Suárez
Carlos Jesús (CJ) Martínez
Sacramento José Acebo
Antonio Lorenzo
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